La Gran Estafa Inmobiliaria en Tijuana B.C.

La gran estafa inmobiliaria en Tijuana.

Dos recámaras, salón-comedor, un baño y una cocineta. Todo ello en 45 metros cuadrados repartidos en dos pisos. Metro arriba, metro abajo, este modelo de pequeña y estrecha vivienda familiar es el más común en las barrios construidos en Tijuana durante los últimos veinte años. Los fraccionamientos compuestos por este tipo de casas se levantan como colmenas a lo largo de toda la ciudad; desde las colonias cercanas al mar como Santa Fe, en el oeste, hasta las más alejadas como El Vergel, en dirección a Tecate. De esta forma, la construcción masiva durante al menos las dos últimas décadas de este tipo de residenciales en ciudades de Baja California y todo México, catapultó a las desarrolladoras en la bolsa de valores. En 2008, el precio de una participación de Homex llegó a los 70 dólares.

Hoy el panorama es totalmente distinto. Estas grandes constructoras prácticamente han quebrado fruto del abandono casi de cinco millones de viviendas en todo el país, la suspensión del crédito de Infonavit (que llegó a financiar hasta el 75% de las obras), y de una deuda multimillonaria acumulada con distintos bancos internacionales. Para Rodrigo Márquez, presidente de la APIT en Tijuana, el mercado de vivienda nueva ha fracasado por el abandono de desarrollos urbanísticos  que además han tenido un costo social “terrible” para el gobierno. En Baja California se contabilizan aproximadamente 34,000 viviendas abandonadas. “Estas desarrolladoras estuvieron construyendo casas como si fuesen maquiladoras y cobrando por ellas mucho más del valor real”. El perfil del comprador de estas viviendas es por lo general el de un trabajador de fábrica, comerciante o similar (cuyos ingresos no superan los 6,000 pesos mensuales), emigrados de otros Estados del país y que convive con al menos tres miembros en familia. El motivo principal por el que grandes urbanizaciones han sido abandonadas por los propietarios es la falta de infraestructura y servicios en la que se han venido desarrollando. Lejos de vías directas a la ciudad, estos residenciales no tienen acceso a farmacias, escuelas ni supermercados próximos, la cobertura de las líneas de telecomunicaciones falla o no alcanza y, ante todo, tienen un serio problema de inseguridad debido a la falta de presencia policial.

No todas las viviendas son abandonadas por la misma problemática. A mediados de los 90, Infonavit otorgó el crédito necesario a Geo para construir 1,120 viviendas en lo que hoy se conoce como Pórticos de San Antonio. El desarrollo de este barrio en el sureste de la ciudad es el claro ejemplo de la mala praxis de las constructoras: viviendas levantadas sin castillo, sin apenas cimientos, con materiales defectuosos o de dudosa salubridad y con estructuras de varilla o alambrón. Oliver Vázquez fue uno de los primeros compradores de una vivienda en esta zona. Pese al precio inicial de la casa, unos 140,000 pesos, ha llegado a pagar más del doble por ella debido a los feroces intereses bancarios. Sin embargo, pasado el año de garantía que las constructoras ofrecen a los compradores para reclamar, no pudo hacer nada contra las grietas enormes que empezaron a aparecer y que pronto llegaron a atravesar casi todas las paredes de la casa, el piso superior y las escaleras. Hace algunos años, finalmente se vio obligado junto a su mujer a abandonar el inmueble debido al inminente peligro de derrumbe que amenazaba  su habitabilidad.

Vazquez trata de abrir la puerta descuadrada de su casa.

Vázquez tiene 71 años y lleva más de 15 luchando en contra de la estafa de la que fue víctima. Pasó media vida trabajando para el gobierno, en la comandancia de la policía municipal y otros organismos, por lo que se sintió con herramientas y contactos para iniciar una concienzuda investigación. Las primeras irregularidades no tardaron en salir a la luz: la casa tenía menos metros construidos de los que aparecían en el plano de obra, se utilizaron materiales fuera de normativa, tuberías y conductos de tan pésima calidad que una vez inservibles no ha podido hallar repuestos. Además, en el fraccionamiento se construyeron más casas de las que se estipularon en el contrato de Geo con Infonavit, presumiblemente por la eliminación de zonas libres entre bloques de viviendas, la edificación de “zonas verdes” y la reducción del tamaño de las viviendas. La desarrolladora gastó unos 35,000 pesos en la edificación de cada casa para después venderlas por más de 140,000.

En 2001, Vázquez consigue el primer informe del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Tijuana donde se reflejan deficiencias en las instalaciones de gas y electricidad, y a éste se suman otros cuatro dictámenes similares por parte de arquitectos e ingenieros civiles. Decide denunciar el caso a las autoridades, primero ante el Fuero Común y después a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este último organismo remite una serie de “recomendaciones” ante la PGR para finalmente tramitar la denuncia. Sin embargo, vuelven a aparecer irregularidades en el expediente y las diligencias que paralizan y hacen infructuoso el proceso. Seis años después y tras varias andanzas con la justicia, Vázquez obtiene un dictamen de la Dirección de Administración Urbana que califica de “no habitable” su vivienda y las cinco contiguas examinadas en la privada Rafael Bernal, abriendo así la puerta a que las demás autoridades competentes realicen una investigación sobre la construcción del residencial. En 2009 la SIDUE (Secretaría de Desarrallo Urbano del Estado) realiza una inspección en la casa de Oliver y emite un informe técnico tajante: por falta de dalas y castillos de concreto armado e imposibilidad de reforma, se debe desocupar y demoler.

Fernando Hernández también compró su casa con en Pórticos de San Antonio. En cuanto entró a la casa se dio cuenta de que había deficiencias en la construcción, y agotó el año de garantía reparando una y otra vez las humedades del techo y las grietas de las paredes. “Los mismos albañiles me decían que no me podía quejar tanto porque la casa estaba mal hecha”. Pese a que no deja de hacer reformas, las filtraciones siguen enmoheciendo su hogar. Sospecha que las tejas de asbesto (un material nocivo prohibido en otros países), están detrás de los problemas respiratorios de su hijo. Tras entrevistar a vecinos y presidentes de algunos residenciales de la zona y sumando los dictámenes e informes técnicos oficiales, se puede afirmar que se encuentran deficiencias y anomalías en casas de todo el barrio de Pórticos y Santa Fe.

Activismo en contra de la estafa

Unos esqueletos de alambrón y concreto coronan uno de los cerros de El Laurel, uno de los barrios del sureste, en la otra punta de la ciudad. Se trata de un residencial en construcción que ha sido abandonado debido a la quiebra de la desarrolladora Geo y que ahora deja al descubierto los materiales con los que se ha estado edificando este tipo de viviendas. En este fraccionamiento viven Magali Ibarra, madre soltera y trabajadora de una fábrica, con su madre y sus dos hijas adolescentes. Su casa, que entre créditos del banco e Infonavit está valorada en unos 290,000 pesos, tiene grietas que atraviesan de lado a lado las paredes y el piso superior. Al reparar una fuga de agua  que salía de una cañería y que empapaba una de sus paredes, el albañil quedó asombrado con lo que encontró: cartón y bolsas de plástico como relleno en los muros. Como a la mayoría de familias afectadas por este tipo de fraude, a los problemas de la pésima construcción de la vivienda se suma el del pago de la hipoteca. Sobre Magali cierne una denuncia de desahucio por impago de la mensualidad al banco, que se duplicó hasta los 3,500 pesos mensuales. “Tuve que elegir entre comer o pagar la letra de la casa. Pedí que no me vendieran la hipoteca en UDI´s pero me la pusieron en salarios mínimos e igualmente salí perdiendo”.

Según el Banco de México, las Unidades de Inversión (UDIS) son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios. Se crearon en 1995 con el fin de proteger a los bancos y se utilizan básicamente en créditos hipotecarios. Lo que realmente ocurre cuando una hipotecaria establece un crédito en UDIS es que el comprador nunca sabe cuándo pagara de intereses. La mensualidad crece irregularmente (aunque en teoría también puede bajar, rara vez ocurre), casi cada mes. Con los años el crédito se hace impagable y las viviendas llegan a encarecerse el doble o incluso el triple. Bartolo Castro, propietario en Santa Fe, ya ha pagado casi medio millón de pesos por su casa, que compró por 280,000. “Dejé de pagar la mensualidad del banco porque no podía hacerle frente. Cuando fui a pedir mis cuentas me dijeron que aún debía más de 600,000 pesos. Ahora prefiero pagar a un abogado que luche por mi caso. A mi me vendieron una casa en UDIS y ni me explicaron qué era eso”.

Se estima que hay alrededor de 125,000 familias afectadas por estafas inmobiliarias y créditos abusivos en Tijuana. Los fraccionamientos con problemas de construcción se cuentan hasta en 22 colonias de toda la ciudad, la mayoría son viviendas de Infonavit. Pero no es un problema particular de Baja California; en otros 21 Estados de la República se dan los mismos casos casi siempre con las mismas desarrolladoras, y las organizaciones vecinales empiezan a coordinarse para actuar de forma común y llevar sus quejas ante el gobierno capitalino.

Oliver Vázquez es el presidente de Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna, una asociación constituida formalmente en 2011 que pretende llevar su lucha hasta el final. Familias como las de Magali o Fernando están recibiendo ayuda y asesoramiento por parte de esta plataforma para lidiar con la estafa inmobiliaria de la que son víctimas. Vázquez se reunió recientemente con compañeros de Culiacán, Sinaloa, para coordinar acciones comunes. “La responsabilidad directa es de Infonavit, que no supervisó correctamente la construcción de todas estas vivientas, pero en realidad forma parte de un entramado en el que están metidos tanto desarrolladoras como bancos”.

Datos de Contacto de Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna, A.C.: teléfonos 664-9000-777 y 664-243-98-97 (celular). Email: oliverybarra@hotmail.com

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